Los impuestos del tabaco dan para cubrir los gastos de Fomento, Sanidad e Industria

El Estado ingresó en el pasado año 9.842 millones, el 1% del PIB

La polémica y la enorme repercusión mediática que ha tenido la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco tiene ahora un nuevo frente abierto: el dinero que recauda el Estado cada año en impuestos al tabaco, y que muchos fumadores y hosteleros que se sienten perseguidos por la Administración han decidido tomar como arma contra la prohibición



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El Estado recaudó el pasado año 9.842,3 millones de euros a través de impuestos del tabaco, cifra nada desdeñable pues representa casi el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y equivale al gasto conjunto presupuestado para 2011 de los ministerios de Fomento, Industria y Sanidad, según los Presupuestos Generales del Estado. Del total recaudado en 2010 por este concepto, 7.966,1 millones de euros correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, mientras que los 1.876,2 millones restantes eran de IVA.

Récord de ingresos
Así, en el hipotético caso de que los once millones de personas que fuman en nuestro país decidiesen dejar el tabaco, las cuentas estatales se verían enormemente mermadas ante la falta de unos ingresos que en 2010 marcaron un nuevo récord histórico, al elevarse el 4,19% respecto al año anterior, según datos facilitados por el Club de Fumadores por la Tolerancia.

Cabe destacar que, mientras en los últimos cinco años las ventas de tabaco han caído un 28,09%, la recaudación por impuestos del tabaco se ha elevado un 30,03%. De esta forma, el Estado ha ingresado más de 115.000 millones de euros procedentes de los fumadores en los últimos veinte años –fecha desde la cual la Administración ha multiplicado por seis sus ingresos por este concepto–, si bien la cifra se ha disparado un 30% en los últimos cinco años.

El Club de Fumadores por la Tolerancia califica de «hipócrita» la actitud del Gobierno que, «al tiempo que hace caja a costa de los fumadores, cercena los derechos de once millones de fumadores adultos que viven en España», mientras continúa recogiendo apoyos en contra de la ley antitabaco desde su plataforma web. «Los fumadores pagan cada año más impuestos mientras el Ministerio de Sanidad les vacía completamente de derechos con la aprobación de la ley antitabaco», se quejan desde la asociación.

La importancia que estos ingresos tienen en las cuentas públicas no ha pasado desapercibida para uno de los grupos que mayor presión está ejerciendo contra la nueva normativa, los hosteleros. El sector ha visto en los impuestos al tabaco un punto débil por donde atacar al Ejecutivo para que dé marcha atrás con la prohibición, y parece decidido a darle al Estado donde más duele, en la cartera.

Hace apenas un par de semanas, los hosteleros castellonenses acordaron retirar de sus establecimientos las máquinas expendedoras de tabaco durante el mes de febrero como medida de protesta contra la norma. Esta directriz ha sido seguida también por otros empresarios del sector, que han realizado un llamamiento a nivel nacional para extender el pulso a la Administración a la mayoría de los locales de hostelería y restauración del país. «No van a ganar más dinero a nuestra costa», afirma José Eugenio Arias, propietario del Asador Guadalmina de Marbella, primer insumiso de España contra la ley antitabaco. De hecho, casi la mitad de los autónomos de la hostelería, el 46,6%, deja muy claro en una encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que piensa prescindir de la máquina expendedora, hecho que perjudicará a la Agencia Tributaria desde el punto de vista recaudatorio.

Cabe recordar que el 80% del precio de una cajetilla de tabaco corresponde a impuestos, siendo éste el producto de venta legal que mayor fiscalidad soporta. El 20% restante se reparte entre el estanquero –el 8,5%– y el fabricante, cuyo margen asciende al 11,5% del precio del producto. Así, en una cajetilla de precio medio –3,65 euros–, 2,90 euros corresponderían a impuestos. El pasado mes de diciembre, el Gobierno elevó un 24% los impuestos al tabaco, siendo ésta la segunda subida en poco más de un año.

Al impacto económico en las cuentas estatales de la pérdida de los ingresos por tabaco habría que sumar el coste de las terapias para dejar de fumar, gasto que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, propuso financiar inicialmente con dinero público, para más tarde dar marcha atrás en la propuesta. El motivo es el elevado gasto que esto supondría y que podría alcanzar hasta 3.300 millones de euros, si tenemos en cuenta que las terapias actuales cuestan entre 250 y 300 euros por paciente.

No obstante, si bien el presupuesto estatal podría temblar ante la sola idea de perder los ingresos derivados de los impuestos al tabaco, este hecho podría compensarse gracias a los menores gastos sanitarios que lleva aparejado el tabaco, que consume el 15% del presupuesto sanitario de nuestro país. Según cálculos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Sanidad destina anualmente 15.000 millones de euros al diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. Esta cifra representa el 1,5% del PIB y no incluye los 530 millones de euros de gasto que se estima que provoca el tabaquismo pasivo al año.

Inversión inútil
Asimismo, el tabaco genera enormes costes para las empresas, tanto públicas como privadas y que superan los 7.500 millones de euros anuales. Estos gastos, fruto del mayor absentismo laboral por causas de salud, menor productividad en que se traducen las ausencias por salir a fumar a la calle o los costes de limpieza y conservación de las instalaciones, especialmente en el sector de la hostelería, suponen una elevada factura para nuestras empresas. No obstante, éstas invirtieron un total de 924 millones de euros en habilitar espacios aislados para fumadores, según figuraba en la anterior ley antitabaco de 2006. Gasto que ahora, tan sólo cinco años después de su aprobación, se antoja inútil con la nueva normativa, y sin ninguna posibilidad de verse resarcidos por la imprevisión del Ejecutivo.

Copiado de La Razon