Economia sostenible otra ley para tomarnos el pelo

Para un viaje tan corto no hacían falta tantas alforjas. El Gobierno acaba de presentar la tan publicitada Ley de Economía Sostenible de Zapatero, que debería haber sido algo así como la panacea para todos los males de nuestra economía, y, como era de temer conociendo a ZP, no es más que un conjunto de medidas inútiles de cara a la galería para dar la sensación de que el Gobierno hace algo contra la crisis. Lo cierto, sin embargo, es que este proyecto no es más que una mezcla de medidas anunciadas de poco calado, que no tienen nada que ver con los verdaderos problemas socioeconómicos del país, o de propuestas de menor relieve aún para afrontar la que está cayendo, cuando no directamente de medidas de naturaleza populista destinadas a ganarse el favor de los nichos de voto de izquierdistas recalcitrantes. O, dicho de otra forma, una ley para tomarnos el pelo.

En esta última línea entra la decisión de obligar a las empresas a publicar los sueldos de los ejecutivos y a que éstos sean aprobados por la junta de accionistas. Muy bien, se supone que esto introduce más transparencia en la gestión de las compañías, pero es que aquí no ha habido problema alguno ni con las retribuciones de los directivos ni con los incentivos que pudieran generar las mismas para adoptar políticas imprudentes que pusieran en riesgo a la empresa o al sistema financiero. Aquí lo que ha habido es todo un rosario de desmanes financieros en las cajas de ahorros controladas por los políticos, pero de la responsabilidad de los gestores de estas entidades de crédito no se dice nada, porque, de hacerlo, la Fiscalía General del Estado no tendría más remedio que actuar inmediatamente contra algunos de ellos, que es lo que el Gobierno no quiere que suceda porque más de uno y más de dos militantes o ex altos cargos socialistas podrían terminar en el banquillo. Esto no es más que un ejercicio de demagogia barata para desviar la atención de la verdadera naturaleza de los problemas de nuestro sistema financiero, que han sido causados, básicamente, por los políticos.

El Gobierno también ha aprobado la reducción a 30 días del plazo de pago de las administraciones públicas a autónomos y pymes. Si esto se fuera a cumplir, estaría muy bien. Sin embargo, el problema no es el plazo sino la verdadera voluntad de las administraciones de liquidar efectivamente sus facturas, cosa que hasta ahora no están haciendo a pesar de que ya había una normativa que establecía un plazo de 60 días para efectuar los pagos, plazo que todas, empezando por el Estado, llevan ya tiempo saltándose a la torera. Y esto no lo cambia la ley. Por tanto, lo que habría que haber hecho es aprobar medidas que permitieran a autónomos y pymes el acceso a la financiación que necesitan, pero como eso obliga a reducir el déficit y a sanear de verdad el sistema financiero, el Ejecutivo no ha dicho nada al respecto y pretende que, con lo aprobado, sea bastante cuando la realidad es que no cambia en nada la naturaleza de las cosas, esto es, que el sector público para cuando le viene en gana diga lo que diga la ley. En cambio, de medidas tan importantes como que las empresas no tengan que adelantar el IVA de ventas que todavía no han cobrado, nada de nada.

Por lo demás, me pregunto qué tendrán que ver medidas como la reforma de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia con el cambio de modelo productivo tan cacareado por Zapatero o con la salida de la crisis, porque dicha reforma no va a cambiar en nada la realidad económica de nuestro país. Y eso por no hablar del decreto que limita la temperatura de bares, tiendas, oficinas y demás, para ahorrar energía, porque es como de chiste, sobre todo si se tiene en cuenta que no tendríamos que preocuparnos por el ahorro energético si ZP no se emperrase en la irracionalidad de cerrar las centrales nucleares. Ese decreto es un verdadero disparate que sólo puede provenir de Zapatero o de Sebastián.

En definitiva, y como era de temer, el Gobierno ha dado a luz una ley que no sirve para nada más que para su campaña de marketing. Ahora todos sus miembros se esforzarán en tratar de vendernos que con esto, y con la recuperación que ya ha vaticinado ZP, los problemas de crecimiento económico y de empleo están resueltos y, de esta forma, tratan de ganar tiempo pensando que así van a evitar el tener que hacer las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, que es de lo que no quieren oír ni hablar. Lo malo es que, tal y como está el patio, la realidad va a acabar por llevárselos por delante.

Emilio J. González en LD